Nulidad Decreto Impuesto Inmuebles

Un recurso busca declarar nulos varios artículos del Decreto de Impuesto de Inmuebles

El abogado Víctor Martínez Cedeño ha presentado una demanda contenciosa administrativa de nulidad interpuesta en la Corte Suprema de Justicia por varios artículos sobre el Decreto Ejecutivo del nuevo impuesto de inmuebles, que tratamos hace unos días en nuestro blog.

En concreto, este recurso busca declarar nulo por ilegal el artículo 5, el numeral 1 del artículo 7 y el artículo 10. Estos artículos hacen referencia a la forma en la que se articula el mecanismo de retención del impuesto de inmuebles que hayan sido financiados a través de préstamos o créditos hipotecarios o que sean garantizados por fideicomisos de garantías y de emisión de valores, tal y como figura en el Decreto Ejecutivo No. 362 de 29 de noviembre de 2018.

Fundamentos del hecho

El letrado ampara esta demanda basándose en que los Bancos del sistema financiero nacional no pueden entregar información sobre las operaciones de crédito de sus clientes a la DGI, Dirección General de Ingresos, según dicta la reglamentación vigente.

También indica que el Decreto Ejecutivo no menciona que la liquidación de ese impuesto pueda hacerse en tres veces o en un pago anual, forma que se ha establecido contrariando la citada Ley.

El jurista también indica que bajo su criterio este Decreto excede su potestad reglamentaria, porque incluye elementos que tampoco están contemplados en la ley.

Otras demandas al Decreto Ejecutivo

No es la única demanda en contra del Decreto Ejecutivo que se ha presentado desde que el 5 de diciembre el Ministerio de Economía y Finanzas publicara en la Gaceta Oficial la nueva norma.

El abogado Olmedo Guillén también presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 66 de 17 de octubre de 2017 que modifica el Código Fiscal en materia de impuesto de inmuebles y que permite a los bancos la retención de ese tributo. Esta Ley introdujo tarifas más bajas para el Impuesto de Inmuebles que las que comenzarán a regir el próximo 1 de enero de 2019.

Recordamos que las viviendas registradas como patrimonio familiar y cuyo valor sea de hasta $120,000 estarán exentas del pago de este tributo.

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